Dentro que por su especial trascendencia política

Dentro del marco de participación
ciudadana en la vida pública y política, conforme exalta el art. 9.3 de la
Constitución Española, se puede encontrar algunas modalidades de esta
participación dentro de la propia constitución

Primeramente, hay que diferenciar
y reconocer los límites entre el referéndum y las otras modalidades de consulta
popular.

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Según el Diccionario de la Lengua
Española, el referéndum es el “procedimiento por el que se someten al voto
popular leyes o decisiones políticas con carácter decisorio o consultivo”.

 

La constitución española
establece en sus artículos 91, 151, 152.2, 167.3 y 168.3 y en su Disposición
transitoria cuarta las distintas modalidades del referéndum.

 

Dentro de la organización del
Territorio Español, en Comunidades Autónomas, la constitución hizo un listado
de competencias que les son propias y exclusivas, las compartidas con las CC.AA.
y las cedidas total o parcialmente a estas.

El art. 149.1.32 CE, establece
como competencia Exclusiva y absoluta del Estado, la autorización de la
convocatoria de consultas populares por vía de referéndum1.

Hasta 2008, no había una
diferencia clara entre consulta y referéndums, y fue con la Sentencia 103/2008,
dictada por el Tribunal Constitucional, por el cual de distinguió por primera
vez el referéndum y otros tipos de consultas.

La citada STC, establece que el referéndum
es una modalidad de consulta, limitada por unos elementos establecido por la
propia constitución.

El primer elemento, hace alusión
a la materia, ya que la Constitución prevé el referéndum para determinadas
materias, que por su especial trascendencia política (art. 92.1 CE), la constitución de las Comunidades Autónomas
previstas en el art. 151 CE, la aprobación y reforma de algunos Estatutos de Autonomia
(arts. 151.2.4 y 152.4 CE), si bien, indirectamente, el art. 147.3 CE permite
que otros Estatutos de Autonomia incluyan el referéndum en su procedimiento de
reforma, la reforma constitucional (arts. 167.3 y 168.3 CE) y la incorporación
de Navarra al régimen autonómico vasco (Disposición Adicional cuarta CE).

El segundo elemento, es la forma
o procedimiento, a través del cual se desplegará el referendum, y conforme el
art. 92.3 CE, la reserva de ley órganica para la regulación de “las condiciones
y el procedimiento”, y es  a partir del
referendum que se puede concretizar el derecho de participación política
garantizado por el art. 23.1 CE, que permite, a través del art. 149.1.1º CE, el
estado a regular las condiciones básicas y fundamentales de garantía de la
igualdat en el ejercicio del citado derecho.

Debemos entender consulta popular
como un término genérico para los medios que permiten a los ciudadanos una
participación directa en los asuntos de interés público, al igual lo
establecido en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local en su art. 71,
que, se refiere a consulta popular como algo distinto del Referéndum. En ese
caso el concepto de Referéndum estaría restringido más bien a un tipo singular
de consulta que están previstas por la constitución, y que esta las denominan
como tal.

Conforme cita la STC 103/2008,
solo los referendos previstos en las normas del Estado, bien como los Estatutos
de Autonomía son posibles

La Constitución Española se
refiere a distintas modalidades de referéndum dentro de su cuerpo normativo, el
el art

En el ámbito autonómico, el
legislador, a través del reparto de competencias estableció el marco para el
ejercicio de ciertas potestades por los entes autonómicos.

Dentro del ámbito autonómico,
cabe plantear si el ordenamiento jurídico español, permite la convocatoria y
celebración de consultas populares, fuera de los supuestos constitucionales.

Gran parte de la doctrina
entiende que el marco inicial de la potestad autonómica, viene del art. 149.1.
32ºCE, con lo cual, el referéndum en sí, es potestad estatal, sujeto a las
previsiones del art. 92 CE. Según esta parte de la doctrina, la omisión de la
LORDMR en lo referente a las consultas, impide el reconocimiento para
realizarla por los entes autonómicos y locales, ya que dichas consultas estarían
sometidas a las observaciones y procedimientos de una futura Ley organica que
pudiera regularlas

Por otra parte, la doctrina,
entiende que estas consultas serian inconstitucionales, ya que entienden que el
silencio de la LORDMR, imposibilita su convocatoria.

Pero partiendo de la
interpretación que hace el tribunal constitucional en la ya citada STC
103/2008, se concluye que las consultas de ámbito autonómico sobre asuntos
relativos a los intereses de la propia Comunidad Autonoma, carecen de carácter referendario,
y por lo tanto, no se les aplica el articulo 92 CE, sino la regulación autonómica.

1 “Artículo
149. 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

32º. Autorización para la
convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”.